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Autores: Charles A. Reilly
Fuente: Lo público no estatal
en la reforma del Estado
Editores: Luiz Carlos Bresser Pereira
y Nuria Cunill Grau, Buenos Aires, CLAD/Paidós,
1998, 486 pp.
Categorías: Capital social,
Innovaciones del capital social y la ética.
En 1994, Robert Putnam, al analizar el próspero
destino de las regiones de Italia del Norte con respecto
a sus vecinos del Sur, concluyó que “la
tendencia a formar asociaciones es la que hace posible
un mejor desempeño económico y un mayor
desarrollo, y que la confianza y las redes creadas mediante
asociaciones pasan al escenario productivo, constituyendo
un capital social que, en todos sus aspectos, es tan
importante como las riquezas naturales o el capital
físico” (p. 403).
“El capital social no puede considerarse como
un elixir mágico, como no lo son las recetas
utópicas derivadas de las ciencias sociales ni
la alquimia proveniente de las fábulas para producir
un desarrollo con equidad” (pp. 440). No
obstante, en América Latina el capital social
puede constituir una guía confiable para recorrer
la ruta que permitirá sacar a un número
creciente de pobres de su extrema condición.
Pero mientras Putnam es agnóstico en cuanto a
cómo acelerar y profundizar la formación
de capital social, el autor de este artículo
sostiene que con los efectos de la informática
y de los transportes se estaría en condiciones
de obtener un cambio en décadas o generaciones
y ya no en siglos.
En 1950, T.H.Marshall, al enunciar
una serie de proposiciones sobre la emergencia de la
ciudadanía en Occidente, asumía que ésta
es una progresión real que ha evolucionado durante
siglos y cuya secuencia se dio desde los derechos civiles
hacia los derechos políticos y más tarde,
con la puesta en práctica del Estado de bienestar,
supuso un movimiento hacia la titularidad de los derechos
sociales económicos. En 1997, los derechos económicos
y sociales amparados por el Estado de bienestar sufrieron
una fuerte erosión. Sin embargo, el autor menciona
que la evolución de los derechos descrita por
Marshall tiene pocas semejanzas con lo ocurrido en América
Latina, puesto que los derechos políticos no
fueron acompañados con avances en derechos civiles
o sociales ni de igualdad de oportunidades. En la región,
la sociedad civil emergió por medio de los movimientos
sociales y organizaciones civiles a través de
numerosos esquemas de autoayuda, autoaprovisionamiento
y autogestión.
Las organizaciones civiles (OSC´s),
que en los años 60 y 70 fueron denominadas organizaciones
no gubernamentales (ONG´s),
se distinguen de las organizaciones cooperativas y étnicas,
cuyos miembros son sus propietarios y dirigentes, y
de aquellas otras que suministran servicios profesionales
o de apoyo técnico. La gama de estas organizaciones
es muy amplia y varía considerablemente en los
diferentes países y en ellas el liderazgo democrático
y la gestión transparente no siempre son la regla.
Con el tiempo fueron adoptando un esquema de “especialización
flexible”, es decir que tienden a ser
relativamente pequeñas, especializadas, orientadas
cada vez más a acordar contratos con el Estado
y a consultar con las empresas para atender las necesidades
de sus clientes.
Si bien las capacidades pueden variar de un país
a otro, en conjunto las OSC´s
en América Latina enfrentan los siguientes desafíos:
declinación del interés en la región
después del fin de la Guerra Fría, disponibilidad
decreciente de fondos internacionales, temores de cooptación
por parte de los gobiernos, comercialización
de las relaciones por medio de consultorías y
contrataciones, aparición de movimientos competidores
de base comunitaria o étnica y problemas persistentes
de representatividad e intermediación. Según
el autor la prueba crucial para las OSC´s
no se ubicaría tanto a nivel micro y macro sino
más bien a nivel intermedios de la organización
social.
En los últimos años destacan una gran
variedad de organizaciones de ciudadanos que intentan
la representación popular mediante la formación
de redes, asociaciones y federaciones antes que por
los partidos políticos tradicionales, proceso
que se ha acelerado por la reforma del Estado y métodos
modernos de gestión de gobierno. El ajuste estructural
y el redimensionamiento del Estado obligaron a repensar
las políticas sociales, las cuales comenzaron
a ser confiadas a proveedores externos. El Outsourcing
es “el desplazamiento desde los monopolios
estatales al campo empresarial y a la sociedad civil
del suministro de bienes y servicios públicos
o sociales” (p. 425).
Ahora, el papel del Estado es el de “asegurar”
antes que el proveer bienes y servicios y las políticas
sociales son reorientadas para incorporarse al mercado
(privatización) o a la sociedad civil (publicización).
En este contexto, las políticas sociales comienzan
a cubrir tres esferas: el Estado, el mercado y la sociedad
civil, y la ciudadanía significa responsabilidad
para influir en el proceso de las políticas sociales,
en acciones para aliviar la pobreza y asegurar el cumplimiento
de los derechos humanos fundamentales.
Esta relación entre el Estado, el mercado y la
sociedad civil en materia de política social
es ejemplificada en primer lugar en el caso de Brasil,
a través de la creación en el año
1995 de la Comunidad Solidaria que buscaba vincular
el gobierno a los actores del sector privado en empresas
conjuntas o “parcerías”,
estimulando el voluntariado en la lucha contra la pobreza.
En Guatemala, las OSC´s, después
de 36 años de guerra civil, comenzaron a desempeñar
un papel relevante en la firma de los acuerdos de paz,
en los cuales se reconoció a dicho país
como una nación “multicultural,
multiétnica y multilingüe”.
El propio BID ha acompañado varias iniciativas
para el surgimiento y apoyo de redes y asociaciones
civiles, contribuyendo a la reconceptualización,
la reubicación y reorientación de los
roles y de las responsabilidades sociales.
La hipótesis de este trabajo es que el marcado
desplazamiento de las “fuentes”
de las políticas sociales desde una propiedad
exclusiva del Estado hacia una propiedad compartida
con los mercados y los ciudadanos conducirá hacia
la universalización de derechos y responsabilidades
compartidas a través del mercado, la sociedad
civil y el Estado. Se marcan algunas proposiciones de
mediano plazo para el milenio:
• El Estado no es ya la única fuente de
las políticas sociales, necesita
reformarse, focalizarse y apreciar las redes y asociaciones
de ciudadanos. La complementariedad y la subsidiariedad
constituyen el modelo integral de desarrollo preferido.
• El suministro de servicios sociales a través
de las combinaciones público/privadas
podría desarrollar formas más flexibles
y especializadas que en el pasado.
• La actividad empresarial requiere de una fuerza
saludable y capacitada, así como de
un entorno estable. Algunas empresas
han desarrollado una mayor responsabilidad social a
medida que la crisis social se fue agudizando.
• Muchos ciudadanos conectados a la sociedad civil
global se han desarrollados indiferentes a la soberanía,
se muestran escépticos respectos de las elites
políticas y del Estado y a través de las
tácticas y estrategias de supervivencia y del
sector informal se han ido abasteciendo.
• Las OSC´s confiarán
más en las garantías internacionales y
menos en el soporte financiero internacional.
• El desarrollo del milenio y los actores de la
democratización en el futuro apostarán
a la “publicización”
en conjunto con actores de la “esfera pública
no estatal”.
La equidad es el problema y el crecimiento es uno de
los medios. No cabe dudas de que los derechos y responsabilidades
están siendo redistribuidos y la ciudadanía
está siendo redefinida. Lograr una reasignación
de responsabilidades más justa entre las esferas
del Estado, el mercado y la sociedad civil constituye
un enorme reto y ningún grupo debe ser dejado
afuera.
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